En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es preocupante ya que representa un riesgo para la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio.

De acuerdo con los legisladores que se pronunciaron a favor de la creación del padrón, el objetivo de esta medida es contribuir a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión; por lo que cabe recordar el fracaso que significó una iniciativa similar implementada en gobiernos anteriores, misma que derivó en la exposición de datos de millones de usuarios y la cancelación del registro.

Para contar con una estrategia que contribuya a reducir el crecimiento de delitos, no es necesario criminalizar a los usuarios, sino que es prioritario establecer un estricto control al interior de los penales, pues existen análisis que revelan que el mayor número de llamadas de extorsión, se realizan desde su interior.

De acuerdo al análisis realizado en nuestras comisiones de trabajo, en COPARMEX consideramos que la aprobación de esta reforma representa un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un retroceso para el país por las siguientes razones:

La utilización de datos biométricos, convertirá este padrón en una base de datos sensibles con un alto riesgo de tratamiento inadecuado de los mismos y el solo riesgo de vulneración en cualquier sentido a dicha base de datos, derivaría en violaciones graves e irreversibles a los derechos humanos de la ciudadanía, incluyendo el derecho a la privacidad y seguridad.

Existe un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados, incluyendo la probable comisión de delitos como ha sucedido en el pasado, en donde se roban del Responsable del tratamiento las bases de datos y se venden al mejor postor en el mercado.

Se requieren medidas de seguridad de la mayor categoría de protección para salvaguardar esa información confidencial y el órgano que ha sido designado como responsable (IFT) ha declarado no contar con los recursos presupuestales para ello; podemos suponer que tampoco cuenta con los recursos humanos para el tratamiento adecuado de una base de datos sensibles de tal envergadura.

Organismos internacionales como la Relatoría para la libertad de expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de derechos humanos. Además, se pondría en riesgo la presunción de inocencia al poderse suplantar la identidad de una persona y acusarla de la comisión de algún delito.

Debe equilibrarse la debida protección de los derechos humanos a la privacidad y seguridad de las personas con las herramientas del Estado para cumplir con su deber de seguridad pública.

El requisito de datos biométricos para el uso del servicio de telefonía, incrementará la brecha digital en nuestro país y limitará el acceso a la comunicación creando mayores barreras para el acceso a la tecnología y la conectividad; lo cual impacta de manera directa en el desarrollo del país pero, sobre todo, de los grupos vulnerables.

Existe una violación al principio de no retroactividad de la ley, al impactar a usuarios con líneas telefónicas adquiridas con anterioridad a la publicación del decreto.

Es preocupante que para la discusión y aprobación de esta reforma, se haya ignorado la advertencia realizada por el órgano garante de la protección de los datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), sobre el “riesgo potencial al permitir que el manejo de la información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía”.

Por ello en COPARMEX reiteramos nuestra preocupación sobre esta reforma pues vulnera derechos humanos y desvía la atención en un padrón que traslada cargas a la ciudadanía además de vulnerar sus derechos, siendo que el Estado debería priorizar sus esfuerzos en la prevención, detección, investigación y sanción de delitos con inteligencia, capacitación y presupuesto público.

Hacemos un urgente llamado al Poder Ejecutivo federal para realizar un análisis profundo sobre los impactos de esta medida y le solicitamos ejercer su facultad de observar esta reforma (veto) en beneficio de la ciudadanía.