La diputada Lilia Villafuerte Zavala y el diputado Arturo Escobar y Vega y suscribieron una iniciativa, cuyo objetivo es que mujeres que sean víctimas de violencia por razones de género durante el periodo de su servicio social puedan suspenderlo sin que ello afecte la liberación del mismo para obtener su título de grado.

La propuesta, respaldada por integrantes del PVEM y de Morena, adiciona un artículo 55 Bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, y un artículo 138 Bis a la Ley General de Educación. Fue turnada a la Comisión de Educación.

En la reforma al artículo 55 Bis se precisa que quedarán exentas de responsabilidad por interrupción en la realización de su servicio aquellas prestadoras de éste que, habiendo sufrido y denunciado violencia por razones de género ante las autoridades competentes, deban suspender o, en su caso, abandonar los establecimientos donde hayan estado prestando su servicio, sin que ello afecte la liberación del mismo para la obtención de su título de grado.

El artículo 138 Bis establece que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con las instituciones educativas y las autoridades competentes, deberá elaborar un protocolo para prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación, en cualquier ámbito en el que se preste el servicio social.

Puntualiza que el objetivo es que en todo momento se tenga un criterio ponderado enfocado a prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia que puedan sufrir las mujeres pasantes que realizan su servicio social.

Este mismo supuesto aplicará tanto a los sitios o establecimientos donde se preste el servicio de cualquier profesión, como para las mismas instituciones educativas, a fin de que cada autoridad desarrolle un Protocolo de Actuación Oportuna Frente a la Violencia de Género, el cual será de observancia y aplicación obligatoria para cada espacio en el que se preste el servicio social.

Señala que el servicio social en nuestro país se estableció bajo el principio fundamental del espíritu de gratitud y solidaridad por parte de estudiantes y egresados hacia la sociedad, para poner a disposición de la misma y de los más vulnerables sus conocimientos y aptitudes sin un ánimo lucrativo.

Sin embargo, los cambios en los fenómenos sociales ocurridos desde su institucionalización, como el aumento en la violencia hacia la mujer, demandan un replanteamiento en las políticas, programas y estrategias para la prestación de éste.

“Conscientes del contexto de inseguridad en el que hoy viven millones de mujeres, resulta imprescindible tomar acciones enfocadas a actuar oportunamente, y bajo un criterio precautorio, en el que salvaguardar la vida y la integridad de las niñas y mujeres de nuestro país, se convierta en un asunto prioritario para cada orden de gobierno, y en cada ámbito del servicio público”, se indica en la iniciativa.