Hasta 50 personas han desaparecido misteriosamente este año después de iniciar viajes de tres horas en coche entre la urbe industrial mexicana de Monterrey y la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, en un tramo de carretera muy transitado que los medios de comunicación locales han bautizado como “la carretera de la muerte”.

Las familias dicen que sus integrantes simplemente se desvanecieron. Las desapariciones, y el tiroteo de la semana pasada contra 15 transeúntes aparentemente inocentes en Reynosa, indican que México está volviendo a los oscuros días de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012, cuando los pistoleros de los cárteles solían atacar tanto a personas comunes y corrientes como entre ellos mismos.

“Ya no es entre ellos, los cárteles están atacando a la ciudadanía”, aseguró la activista Angélica Orozco.

Se cree que hasta media decena de los desaparecidos en la carretera son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, aunque la embajada de Estados Unidos en México no pudo confirmar su estatus. Uno, José de Jesús Gómez, residente de Irving, Texas, supuestamente desapareció en esa carretera el 3 de junio.

Se cree que la mayoría de las víctimas desaparecieron al acercarse o salir de Nuevo Laredo, dominada por los cárteles, ciudad que hace frontera con Laredo, Texas. Alrededor de media decena de hombres han reaparecido vivos, golpeados brutalmente, y lo único que dijeron es que hombres armados los obligaron a detenerse en la carretera y que se llevaron sus vehículos.

Lo que le sucedió al resto, incluida una mujer y sus dos hijos pequeños, sigue siendo un misterio. La mayoría eran residentes del estado de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey. Desesperados por respuestas, familiares de los desaparecidos tomaron las calles de Monterrey el jueves para protestar, exigiendo respuestas.

Orozco, miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, dijo que los secuestros parecen marcar un regreso a los peores días de la guerra contra las drogas en México, como en 2011, cuando hombres armados de un cártel del vecino estado de Tamaulipas sacaron a pasajeros inocentes de autobuses para que lucharan entre sí hasta la muerte, con mazos.

Entonces, como ahora, políticos y fiscales han dado pocas respuestas a las familias de los desaparecidos.

“Ya después de las desapariciones del 2010-2011, no pueden seguir con las mismas excusas de hace 10 años”, dijo Orozco. Sin embargo, agregó, “siguen con el mismo discurso”.

“Se supone que han creado instituciones, procedimientos, pero se repite la historia de que las autoridades no hacen nada”, lamentó.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos emitió un comunicado de prensa el 19 de mayo advirtiendo sobre los peligros de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, cuando para mediados de mayo el grupo sólo había recibido unos 10 reportes de personas desaparecidas ahí. Llegaron más reportes en junio y ahora alcanzan unos 50.

El gobierno del estado de Nuevo León reconoció 10 días después que había recibido reportes de 14 personas desaparecidas en la carretera en lo que iba de 2021, junto con cinco más en el estado colindante de Tamaulipas, donde se ubica Nuevo Laredo.

Sin embargo, Nuevo León no advirtió a las personas que viajaban en la carretera hasta el 23 de junio, casi un mes después.

La advertencia llegó demasiado tarde para Gómez y para Javier Toto Cagal, un conductor de camión de 36 años y padre de cinco hijos que desapareció el 3 de junio junto con tres empleados más de la misma empresa de transporte en el tramo de 220 kilómetros (135 millas). Conducían a Nuevo Laredo en un auto.

“Hasta ahorita, no saben nada de ellos… Está muy turbio”, dijo Erma Fiscal Jara, la esposa de Toto Cagal. “Fue hasta el 5 de junio que me comunicó la empresa que ‘su esposo está desaparecido’. Con las autoridades, hasta ahora nada. Pregunto y dicen ‘no sabemos’”.

Incluso tras reconocer los secuestros, el gobierno del estado de Nuevo León insinuó que era problema del vecino Tamaulipas. El gobierno de Nuevo León también dio información confusa, diciendo primero que habían rescatado a 17 personas después de los secuestros en la carretera, pero luego reconociendo que esas personas habían llegado a casa por su cuenta.

No fue hasta el viernes que ambos gobiernos anunciaron un programa conjunto para aumentar la vigilancia y seguridad en la carretera, una medida que, de haberse implementado un mes antes, probablemente habría salvado decenas de vidas.

Desde hace mucho tiempo, Nuevo Laredo ha estado dominada por el Cártel del Noreste, un remanente del antiguo Cártel de los Zetas, cuyos miembros eran conocidos por su violencia.

El analista de seguridad de México Alejandro Hope dijo que las desapariciones en la carretera y los eventos del 19 de junio en Reynosa —cuando hombres armados de cárteles rivales condujeron por las calles matando al azar a 15 transeúntes— recordaron a los ataques contra civiles durante la guerra de las drogas de 2006 a 2012.

En 2008, un cártel de drogas en la ciudad occidental de Morelia arrojó granadas a los reunidos para la celebración del Día de la Independencia. En 2011, pistoleros de un cártel en Tamaulipas secuestraron a decenas de hombres de autobuses de pasajeros y los obligaron a pelear a muerte entre ellos, ya fuera para reclutarlos o para entretenerse.

“Es episódico, es algo que nunca ha cesado del todo”, dijo Hope de los ataques contra civiles. Lo único que ha cambiado, agregó, es la retórica.

A principios de la década del 2000, los funcionarios no tardaron en repetir una antigua creencia de que los cárteles de drogas sólo se mataban entre ellos y no a civiles inocentes. En esta ocasión, tanto con las muertes de Reynosa como con los secuestros en la carretera, los funcionarios reconocieron rápidamente que las víctimas parecían ser civiles inocentes.

“Este argumento de que se matan entre sí ya no es tan prevalente”, dijo Hope.

Con información de AP