#CULTURA | “Hay un impacto devastador de los pueblos originarios, más allá de la salud”

Ginebra- El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.

Cali Tzay, de origen guatemalteco y maya kaqchikel, declaró que “cada día recibo más informes de todo el mundo sobre cómo las comunidades indígenas son afectadas por la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud”.

Los estados de emergencia están exacerbando la marginación de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, produciendo una militarización de sus territorios. “Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras los intereses empresariales invaden y destruyen sus tierras, territorios y recursos”.

En algunos países se han suspendido abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y las evaluaciones de impacto ambiental, para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura, añadió el relator.

Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad, puntualizó.

Sin embargo, hizo notar que ante esas amenazas “y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional”.

Hoy más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de las comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que no los discriminen.

“Los Estados deben velar para que los pueblos indígenas tengan acceso a la información en sus idiomas sobre la COVID-19, y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y acceso a servicios médicos culturalmente apropiados, ya que el hecho de que las instalaciones de salud pública sean escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío”, sentenció.

Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar para valorar lo colectivo por encima de lo individual, y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud, concluyó.