En marzo del 2020, Estela Lazo se presentó ante el juez de inmigración Lee O’Connor con sus dos hijos, con los músculos tensos y un nudo en la garganta. ¿Le concederían asilo?

La respuesta de O’Connor: No. Ni consideraría la solicitud.

El juez, no obstante, hizo algo que le permitió alentar esperanzas. Dictaminó que era ilegal obligar a esta familia hondureña esperar una respuesta definitiva a su solicitud en México, como disponía uno de los pilares de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump pensada para desalentar los pedidos de asilo. O’Connor dijo que desestimaba su caso por los pasos en falso del gobierno y programó otra vista en un tribunal de San Diego al mes siguiente.

La familia, irónicamente, fue enviada de vuelta a México a esperar la nueva vista.

Y cuando Lozano, su hijo de diez años y su niña de seis, se presentaron en un cruce fronterizo de Tijuana para asistir a esa cita, las autoridades estadounidenses les negaron la entrada diciendo que su caso había sido cerrado.

El hecho de que no se hayan siquiera considerado los méritos de la solicitud de Lazo es una de las numerosas anomalías de la política de “Quédate en México”, un esfuerzo inusual que con frecuencia iba en contra de principios básicos de la justicia, como el derecho a ser escuchado en un tribunal.

Al eliminar muchas de las medidas de Trump sobre la inmigración que considera inhumanas, el presidente Joe Biden enfrenta un dilema: ¿Qué tan lejos debe llegar en sus esfuerzos por corregir lo que considera los errores de su predecesor en ese terreno?

Biden suspendió la política de “Quédate en México” el día en que asumió la presidencia y poco después dijo que unas 26.000 personas con solicitudes de asilo pendientes podían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos. El procesamiento de esas solicitudes puede tomar años porque los tribunales de inmigración tienen muchos casos pendientes. Más de 10.000 de esas personas fueron admitidas en Estados Unidos hasta ahora.

Pero quedan más de 30.000 cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados en el marco de esa política, llamada oficialmente “Protocolos de Protección del Migrante”. Activistas presionan para que estas personas reciban otra oportunidad.

Con Información de AP