Las razones del adiós de Federico Garza Herrera
Por: Ricardo Sánchez García
No es de poca importancia el hecho de que el maestro Federico Garza Herrera haya renunciado a su cargo de Fiscal General del Estado unos días antes de que el nuevo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona tomara el timón del poder ejecutivo.
Al contrario, es bastante significativo y sobre ello se pueden hacer varias inferencias. El tema de su renuncia se pone nuevamente a cuestión a propósito de la terna enviada por el mandatario hace unos días al Congreso local para que este elija al nuevo Fiscal General del Estado.
Pero como dijo Jack, vámonos por partes.
Ha pasado un lustro desde el inicio de la importante lucha desde sociedad civil para incidir en la reforma de ley por la cual se haría la transición de las procuradurías hacia las fiscalías. Entre otras preocupaciones, nos importaba el tema de una verdadera autonomía respecto del gobierno, por parte de quienes investigarían las posibles comisiones de delitos.
Esto tiene una sensible trascendencia en la memoria colectiva de la sociedad, toda vez que es sabido, gobiernos federales y estatales habrían usado el instrumento jurídico desde las procuradurías, subordinadas al respectivo ejecutivo, para la persecución y encarcelamiento de opositores y disidentes al gobierno en turno.
Luego de mucha discusión, la aplazada reforma fue aprobada, para elegir al primer Fiscal General de la República y posteriormente se hicieron las reformas estatales para homologarles.
Juan Manuel Carreras López, gobernador en turno presentó la terna de dónde fue electo Federico Garza Herrera, de quien se dijo siempre, era el fiscalín carnalín de Carreras, tal como quedó demostrado por el tortuguismo, bisojo encubrimiento y descarrilada dirección en las investigaciones para postergar aquellas que afectaban al gobierno y acelerar aquellas cuyos intereses particularesfavorecían a quienes le daban órdenes.
Lo anterior se demuestra no sólo con los casos públicos y denunciados, por ejemplo, la falsificación de firmas en el caso Palula; las denuncias por víctimas de funcionarios de gobierno en el caso La Noria y el letargo en el caso de la trabajadora de la Seduvop, Marychuy Almendarez, sino por la abrupta renuncia de Federico Garza Herrera al cargo que fue electo por un periodo que fue interrumpido.
Para hacer memoria, fue el 26 de noviembre de 2017 cuando el Pleno del Congreso eligió al maestro Federico como Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, por un periodo del 27 de octubre de 2017 al 26 de octubre de 2024.
Hay motivaciones jurídicas y de gobernabilidad por las cuáles se elige a un fiscal de forma transexenal y justo unos días antes de que Carreras entregara el gobierno al entrante Gallardo, Federico Garza Herrera presenta su renuncia alegando razones personales.
No hay nada más claro en lo que afirmamos desde sociedad civil durante años. Con la reforma de ley se buscaba que las fiscalías tuvieran un espíritu de autonomía, pero también de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos perspectiva de género, en cambio, durante la mancuerna Carreras-Federico, en San Luis Potosí tuvimos una persecución del delito sesgada, a modo, al contentillo y subordinada a intereses particulares y al poder ejecutivo.
Con la llegada de Gallardo, Federico Garza se vio obligado a renunciar negándose la vocación de servicio y confirmando su nula preocupación por cumplir sus obligaciones de lo señalado en la Ley Orgánica de la Fiscalía. Lo más grave, con su renuncia vuelve a dar espacio a que se repita la elección en puerta, basada nuevamente en el compadrazgo y subordinación al ejecutivo.
Dicho de forma más clara, se vislumbra otro fiscal carnal o carnala.
La citada ley señala que es obligación de la fiscalía la conducción jurídica de la investigación, y para ejercer la acción penal se requiere el debido proceso y respeto irrestricto a los derechos humanos, dígame usted si alguno de los integrantes de la terna presentada en sus facultades legales por Ricardo Gallardo Cardona, que son Mónica Kemp Zamudio, José Luis Ruiz Contreras y Marco Polo Méndez le garantiza a usted el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de los delitos, le genera confianza en la sana distancia del ejecutivo estatal y la no subordinación al mismo.
En próximas semanas, luego de que sea turnado a Comisiones de Gobernación y Justicia, será el Pleno del Congreso del Estado quien tome la decisión, misma que como ya sabemos vendrá palomeada.
Estaremos al pendiente y seguiremos reflexionando al respecto, pues aquí, quien más importa son las víctimas y la abogacía que intervienen en los procesos.
Y en el sexenio gallardista, nuevamente se opaca la voz de la sociedad civil en los procedimientos de elección que le competen.
Ricardo Sánchez García
Abogado. Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos A.C.
@RicSanchezGa