Por: Ricardo Sánchez García
Me refiero al despiste, descuido o somnolencia del ombusman potosino quien de forma irresponsable no presentó ni en tiempo ni en forma el ejercicio de sus cuentas públicas 2018 tal como lo señala la ley.
Y es que mientras usted se preparaba para irse de puente, en las oficinas ubicadas en Mariano Otero 685 había una atmósfera de nerviosismo. Desde medio día en que se les prendió el foco comenzaron a ir y venir mensajes de SOS.
El sudor de la gota gorda se deslizaba por la frente, mientras pesados pasos iban de un lado a otro, de oficina en oficina y así, entre varias encerronas transcurría el tiempo buscando aliviar colorados y descoloridos rostros con desorbitadas miradas buscando algún orificio.
El clima no estaba para menos. Quienes hemos litigado sabemos de esos días de término. Pero el tiempo ya no era suficiente, pues aquí ni los machotes sirven.
Habría que confabular una salida digna, la más decente y creíble que involucrara al menor número de personas. Y de instituciones, por supuesto.
En este sentido, el puente sí favorecería para remiendos, ajustes y recargables cajas.
Como sabemos, el término para dar cumplimiento a la ordenanza jurídica vencía el pasado 15 de marzo de 2019, pero solo unos minutos antes de fenecer el día fue que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentó a recibir el sello, solo que en lugar de dar cuenta del uso de recursos públicos, llevaban una nota aclaratoria que remite al informe trimestral rendido ante El Mijis unas semanas antes.
De lo declarado por el titular del organismo, Jorge Andrés López Espinosa, deducimos que en realidad este incumplió en sus responsabilidades, por lo que habría incurrido en un delito.
Ciertamente,los entes auditables que no presenten en tiempo y forma las cuentas públicas incurrirán en el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas que de acuerdo al artículo 324 del Código Penal en el Estado este se castiga con pena de prisión de 1 a 3 años y sanción pecuniaria de 100 a 300 días de la Unidad de Medida y Actualización.
Según referido por el propio encargado de la CEDH, en la misiva enviada aclara que “el mes de diciembre atañe a la cuenta pública 2018”. La CEDH presentó un oficio aclaratorio en lugar de su cuenta pública del ejercicio 2018, un oficio aclaratorio con el que se entiende Jorge Andrés López considera cumplida su obligación de ser fiscalizado.
Este supuesto cumplimiento huele a “hoy denme sello, mañana veré cómo le relleno”.
Al final del día se dirá, la CEDH presentó un oficio aclaratorio en lugar de su cuenta pública del ejercicio 2018, para después poder salir a aclarar que su aclaración no estaba clara. Oscura, ambigua, insuficiente, pero, según Jorge Andrés, dentro de un marco jurídico aceptable.
En la estricta aplicación del derecho siempre habrá injusticias, pues este, instrumento de dominación como lo es, permite todo tipo de interpretaciones a favor, siempre a favor de unos cuantos.
Voces claman la renuncia de Jorge Andrés, quien subordinado al ejecutivo se vende como apagafuegos en su papel de achichincle gubernamental. Pero esto todavía no sucederá.
Lo de menos sería la distracción en la que habían incurrido, lo de más, son las mutilaciones a las recomendaciones emitidas sin posibilidades reales de acercar a las víctimas a la reparación del daño. Por eso las impugnaciones que habrán de resolverse en su contra.
Lo grave es también su nulo liderazgo, su anquilosado manejo de asuntos y su mimetización al gobierno, pues en esas pretensiones políticas de seguir al frente de algún encargo se le van los pies y el tiempo y la concentración.
Ahora dependerá de la ASE y su titular dar entrada a la verificación del dicho, aunque la conclusión está planchada.
Lo que queda es adentrarnos al fondo de sus cuentas y al uso de los recursos públicos.
Pero ese será otro cantar.
#RSG