Diputados opinan que está a la altura de las exigencias de la ciudadanía la revisión real de 113 entes

Por primera vez, se llevó a cabo un ejercicio transparente con la homologación de criterios en las fórmulas para la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2021 correspondientes a 113 entes auditables, lo que generó una rendición de cuentas real como lo han exigido los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado diputado René Oyarvide Ibarra aseguró lo anterior en conferencia de prensa acompañado de la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez y la titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Lorena Guadalupe Palomo Colunga, tras la aprobación de los informes en el Pleno.

“Felicito al equipo de la ASE y de la UEC por el trabajo realizado a través de una sola ruta, que dio como resultado la legitimación con 22 votos a favor, lo que nos deja un buen sabor de boca, estamos contentos con el trabajo realizado ya que por primera vez San Luis tiene rumbo en materia de transparencia auditable”.

La titular de la ASE Edith Muñoz expuso que “ha sido un arduo trabajo de 10 meses en el cual hemos vencido retos, planeado de una manera muy certera con el equipo de trabajo para llegar a estos resultados; ha sido una etapa en la que hemos trabajado en conjunto y de la mano del Congreso del Estado y su órgano auxiliar la UEC”.

Expuso que “la ASE puede decir que entrega buenos resultados a la ciudadanía y le abona a este caminar de buena gobernabilidad y pedimos ese voto de confianza para que sigamos avanzando en conjunto con la Comisión de Vigilancia y la UEC; los criterios fueron homologados y los dictámenes determinados de manera aritmética por medio de una matriz que se desarrolló en conjunto con el equipo de trabajo”.

Añadió que “estamos en el proceso de entrega de los informes antes del periodo del último desahogo en el mes de enero de 2023, cuando podrán presentar sus alegatos o documentales los entes auditados y hasta ese momento, como ASE tenemos 60 días hábiles para generar el pronunciamiento en el cual se definiría si estas acciones son graves o no graves”.

En el caso de las no graves se remitirán al órgano de control de cada ente, si son graves se envían a la Auditoría Especial Jurídico de la ASE para posteriormente enviarlas a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal Administrativo. Esas decisiones se tomarán en su momento en cada uno de los casos.