En muebles de oficina fabricados con madera deberán tener certificados otorgados por terceros  y registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado aprobaron por unanimidad la iniciativa que insta adicionar dos párrafos al artículo 22 de la Ley de Adquisiciones del Estado, para que las dependencias estatales y municipales adquieran productos que hayan pasado por certificaciones ecológicas.

La iniciativa fue presentada por el diputado José Antonio Lorca y establece en el mencionado artículo que “tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera”.

En la exposición de motivos se establece que “el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la Nación debe regular el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio social, para cuidar de su conservación y preservar el equilibrio ecológico. En su artículo 15 establece que, todos los habitantes del estado tienen derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los Ayuntamientos, el
Gobierno del Estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental”.

En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

Sobre este tema se solicitó la opinión a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, que no encontró ningún inconveniente mientras que la Oficialía Mayor del gobierno del estado propuso adecuaciones de forma en el tema reglamentario y coincidió en la necesidad de desburocratizar los trámites.

Asimismo se analizó el dictamen sobre la iniciativa que impulsa reformar el artículo 7º en sus fracciones, VI, y VII; y adicionar al mismo artículo 7º la fracción VIII de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la diputada Gabriela Martínez Lárraga y la ciudadana Fabiola Mejorada Hernández.

La propuesta establece que en la integración del Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa de San Luis Potosí participen las Cámaras Empresariales del Estado de San Luis Potosí, “entre las que se incorporarán las cámaras integradas por mujeres empresarias. Se observará la integración igualitaria con perspectiva de género”.

La legisladora Martínez Lárraga fue invitada a la reunión donde presentó sus argumentos y se tomó el acuerdo de solicitar una opinión a la Secretaría de Finanzas, para que indique si en el apartado de organizaciones civiles y sociales, que son parte del COPLADE, ya se incluye a las cámaras empresariales.

Integran la comisión de Hacienda del Estado los diputados Roberto Ulises Mendoza Padrón como presidente; Liliana Guadalupe Flores Almazán como vicepresidenta; Héctor Mauricio Ramírez Konishi como secretario y como vocales Dolores Eliza García Román; Cuauhtli Fernando Badillo Moreno; Emma Idalia Saldaña Guerrero y René Oyarvide Ibarra.