La diputada Gabriela Martínez Lárraga comentó que se deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos que generan las concesiones extractivas de arena en los ríos de la zona huasteca

El Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Gabriela Martínez Lárraga para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que adopten las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos que generan las concesiones extractivas de arena en la Región Huasteca Potosina.

Así mismo que se realice un análisis de riesgos relacionados con la Agenda 2030 a partir de los impactos de esta industria extractiva en la zona huasteca.

El Punto de Acuerdo fue propuesto por la diputada Gabriela Martínez Lárraga quien explicó que, en la zona Huasteca se ha vuelto muy común la práctica de extracción de arena en diferentes ríos de la región con fines de lucro y explotación indiscriminada de estos recursos naturales.

“La extracción de arena impacta regiones importantes de biodiversidad y ecosistemas que cada día se vuelven más vulnerables ante estas prácticas sin control, en este caso impactando las zonas de agua dulce en la Huasteca Potosina.”

Martínez Lárraga dijo que, al tratarse de cauces de ríos en los cuales se llevan a cabo estas prácticas, la Comisión Nacional del Agua es quien otorga a las personas físicas o morales los títulos de derecho para la explotación de los materiales como lo son arena, grava, entre otros.

Mencionó que no se cuenta con datos precisos por parte de las autoridades competentes, sobre planes o programas de debida diligencia para reducir el consumo de arena, el establecimiento de impuestos sobre estas prácticas, así como la reducción de impactos negativos.

La legisladora consideró fundamental que las autoridades realicen un análisis de riesgo, relacionados con la agenda 2030 a partir de los impactos de esta industria extractiva en la zona y recapituló que la Constitución Política reconoce en su artículo 4° que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.