La diputada Patricia Aradillas indicó que esto afecta la imagen urbana y puede provocar daños en la salud
Con el objetivo de cuidar la imagen urbana, la salud de las personas y el medio ambiente, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad exhortar a la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Municipio de San Luis Potosí, para que de acuerdo a las atribuciones implemente acciones de prevención, concientización, apremio y sanciones para las personas físicas o morales que se tengan un establecimiento de venta de comida en la vía pública o en un local y, viertan la grasa y/o el aceite animal o vegetal al suelo o al sistema de drenaje de la ciudad.
El Punto de Acuerdo que impulsó la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, advierte que esta situación afecta a la imagen urbana, a la salud de las personas y al medio ambiente; y es la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de la Capital, quien tiene la responsabilidad de implementar acciones de cultura y educación ambiental.
Se expuso que en las calles, avenidas, plazas, parques y espacios públicos del Municipio de San Luis Potosí existe un importante número de estanquillos y puestos de venta de comida en la vía pública o en locales, que en la elaboración de sus productos utilizan la manteca o el aceite, aspecto que en muchas ocasiones al freír la carne, las papas y otros contenidos se vierten al suelo.
Se advierte que es difícil de eliminar del suelo, pero la mayoría de las veces se lava con detergente y se envía al drenaje, lo que con el tiempo genera malos olores, fauna nociva y se taponean las alcantarillas; aunado a lo anterior, la manteca o el aceite que se queda se vierten a los mismos conductos.
También se insistió en señalar que aquellas personas que preparan alimentos en la vía pública, generan en algunos casos la obstrucción de tuberías y colectores, lo que provoca derrames e inundaciones, propiciando malos olores y la proliferación de fauna nociva, incrementando el riesgo sanitario y ambiental de la ciudad.
Además de que dicha práctica resulta en la violación a los derechos humanos de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como al acceso, disposición y saneamiento del agua.