Uno de los objetivos es que si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro

La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández manifestó que es importante que San Luis Potosí cuente con un Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, con el cual se busca proteger a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que los necesiten.

Señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario.

“La importancia de esta iniciativa es fomentar el cumplimiento cuando se afecte el interés de niños, niñas, adolescentes, personas adultas, personas con algún grado de discapacidad o cualquiera que pueda ser garante de este derecho”, indicó la diputada.

Se contempla que dicho Padrón quedaría bajo el cargo de la Dirección del Registro Civil del Estado, que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, siendo el órgano jurisdiccional el facultado de ordenar el registro y, en su caso, ordenar al Registro Público de la Propiedad para que realice las anotaciones correspondientes en los folios de bienes del deudor.

De igual forma, la iniciativa busca que en los casos de matrimonio, se faculte al Oficial del Registro Civil para que pueda expedir el certificado de inscripción o no inscripción en el Padrón, con la finalidad de no generar una burocracia innecesaria para aquellos que manifiesten sus deseos de nupcias.

Para la creación de este padrón, la legisladora propone reformar y adicionar disposiciones del Código Familiar del Estado, de la Ley del Registro Civil del Estado, de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado; y del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

La iniciativa se encuentra en análisis al interior de las comisiones legislativas.