Autoridades tendrán que prever en los casos de un desalojo, que estén cubiertas todas sus necesidades

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, sigue trabajando en la iniciativa que propone adicionar un inciso b a la fracción IV del artículo 6º de la Ley de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de abonar al respeto de los derechos humanos de los adultos mayores, en los casos de desalojo forzoso, con lo que las autoridades tendrán que prever que estén cubiertas todas sus necesidades.

La presidenta de la Comisión legislativa diputada Gabriela Martínez Lárraga, dijo que se llevarán a cabo mesas de trabajo con la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, para conocer cómo se podría trabajar esta reforma y garantizar que cuando existan desalojos a personas adultas mayores, no se hagan en condiciones extremas o de noche, y se les brinden alimentos y albergue.

“La intención de hacer las mesas de trabajo es ver si realmente ellos pueden coordinarse para que, cuando exista una diligencia judicial, vaya la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y puedan garantizar que estén en unas condiciones óptimas, porque a veces hay desalojos y la persona adulta mayor queda a la intemperie con sus cosas y en ocasiones no llega un familiar.”

En la reunión de trabajo también se acordó trabajar en la iniciativa que plantea reformar el artículo 28 fracción I y adicionar la fracción I Bis a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de combatir la discriminación en centros nocturnos, cabarets, bares y discotecas contando con personal certificado.

La diputada Martínez Lárraga, dijo que se conocen casos donde ha existido discriminación en diferentes antros, bares, por lo que las y los integrantes de la comisión consideran la posibilidad de poder certificar y capacitar al personal de vigilancia, seguridad privada que están en estos establecimientos y el personal de atención al público, por lo que se busca trabajar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, la Dirección de Gobernación Estatal y la Dirección de Comercio Municipal, para coadyuvar y crear una estrategia que beneficie a la población.