La reposición del medidor es con cargo al usuario será únicamente cuando éste sea robado, dañado o alterado para una mala medición, o cuando se viole el sello de seguridad

A la Comisión del Agua del Congreso del Estado, fue turnada la iniciativa que propone reformas a la Ley de Aguas del Estado, Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Organismo Operador Intermunicipal, de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

La iniciativa propone que, la reposición del medidor con cargo al usuario será únicamente cuando éste sea robado, dañado o alterado para una mala medición, o cuando se viole el sello de seguridad.

Para estos casos, el costo de la reposición de los medidores, se le podrá adicionar los costos de instalación que se generen para su correcta medición, dándole el prestador del servicio al usuario el optar por el pago en una sola exhibición o en plazos con cargo en el recibo.

Establece que el organismo operador podrá colocar medidores de prepago, lectura remota, ultrasónico o de cualquier otra tecnología que permita la correcta medición del consumo de agua por los usuarios y en aquellos casos que se imposibilite la lectura regular del servicio.

En cada caso se deberá de revisar si el pago del medidor es con cargo al usuario o al Organismo Operador, observando lo indicado en la Ley de Aguas del Estado.

Los aparatos medidores para la verificación del consumo de agua del servicio público, serán suministrados a los usuarios en venta, única y exclusivamente por el prestador de servicios a la firma del contrato, quedándoles prohibido el instalar medidores cuya adquisición se haya hecho de persona o entidad distinta del propio prestador.

Queda con cargo al prestador de los servicios el cambio o sustitución del medidor por término de vida útil, cambio de tecnología del aparato medidor o en la toma en donde no se realizó la instalación a la firma del contrato.

La propuesta fue turnada a la Comisión del Agua del Congreso del Estado, para su análisis y posteriormente ser votada por el Pleno del Poder Legislativo.