Con estas modificaciones se avanza en el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres
Las y los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen de reforma constitucional para establecer como requisitos para ser Gobernador, Diputado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Presidente Municipal e integrante de los Ayuntamientos, el no tener sentencia condenatoria por delitos de violencia contra las mujeres en razón de género, delitos contra la libertad sexual, la imagen personal, y no ser deudor alimentario moroso.
En el mismo sentido, se aprobaron también reformas a diversas disposiciones de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
La diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que con estas modificaciones se avanza en el tema de eliminación de la violencia contra las mujeres.
“Estas reformas buscan que los requisitos para poder ser diputado, gobernador, magistrado o integrar ayuntamientos, quienes pretendan ocupar estos cargos, no tengan ninguna sanción en el tema de violencia contra las mujeres, que no sean deudores o deudoras alimentarias, para que no puedan tener acceso a este tipo de participación, garantizando los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Las reformas establecen que para estos cargos de elección popular, no se deberá estar en los siguientes supuestos: tener sentencia condenatoria que haya causado estado por violencia familiar o delitos contra las mujeres en razón de género; tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos contra la libertad sexual, la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual; y ser persona deudora alimentaria morosa o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
Estos requisitos también se incluyen para los cargos de la administración pública centralizada estatal, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y la integración de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
“El dictamen ya fue aprobado también por la Comisión de Puntos Constitucionales, ahora fue aprobado en Justicia, pasará a la Comisión de Gobernación y si también es procedente, se pueda turnar al pleno, en el caso de la reforma constitucional se tendrá que turnar a los municipios para que pueda entrar en vigor”.