Mónica comenzó a trabajar desde muy joven en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde tuvo varios ascensos hasta llegar a ser SubtenienteAuxiliar Asistente Laboratorista, en la Clínica de Especialidades de la Mujer, un hospital militar de alta especialidad.

Después de una trayectoria impecable –con 19 años, ocho meses y tres días de servicio activo— sus mandos le comunicaron de modo oficial que tenía exceso de peso y que ya no podía seguir formando parte de las Fuerzas armadas por su misión de servicio. Ante esto, ella les respondió que los generales y tenientes también tenían sobrepeso — algunos de forma muy evidente— y que nunca eran cuestionados, a lo que le contestaron simplemente que ellos eran hombres y ella ya no era una mujer joven. Su baja se hizo efectiva en el 2013; en ese entonces, Mónica tenía 49 años.

La subteniente acudió con la abogada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a quien le refirió que en sus labores de laboratorista no se requería una destreza física específica, debido a que es un trabajo muy sedentario. Incluso, la subteniente les dijo estar dispuesta a someterse a un plan de salud si se consideraba necesario para seguir trabajando pero la ignoraron.

La abogada promovió un juicio administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante el cual se buscaba dejar sin efectos la baja alegando el derecho a la salud, permanencia en el empleo y no discriminación; y pidiendo la inaplicación del Artículo 226, tercera categoría, Fracción 33, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) toda vez que su contenido es contrario a los derechos humanos.

Derivado de ello se obtuvo una sentencia altamente reparadora que obligó a la Sedena a reintegrar a la subteniente en sus labores en el 2016 y a pagarle todos los haberes caídos, además de reconocerle en su antigüedad el tiempo que duró la baja discriminatoria.

La Sedena interpuso un medio de defensa –una revisión fiscal— contra la sentencia que anulaba la baja, pero un Tribunal Colegiado reiteró que dar de baja por cuestiones de salud, sexo o discapacidad es un acto de discriminación que violenta el derecho de todo ser humano a la dignidad y la permanencia en el empleo.

Actualmente Mónica sigue trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional.