La diputada dijo que no permitirán que haya arreglos para este nombramiento y que una opción es recibir perfiles ciudadanos
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, integrante de la Comisión de Justicia del Congreso local, consideró que sería una propuesta acertada que el nuevo perfil que encabece la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, sea electo a través de una convocatoria ciudadana, pues dijo que el titular de esta institución debe contar con el aval de la ciudadanía.
Reconoció que el Poder Legislativo “no tiene intervención”, ya que es facultad del Ejecutivo estatal proponer la terna para este cargo.
“Ojalá que pudiera reflexionarlo y abrirlo a una discusión y que se le hagan llegar propuestas por parte de la ciudadanía” añadió.
La legisladora enfatizó que la persona que encabece esta fiscalía “debe tener una buena reputación y ser buena litigante y tener el valor para poder iniciar los procedimientos y sancionar a funcionarios públicos sin que le tiemble la mano y sin recibir instrucciones de nadie para que te detenga los procesos”.
Asimismo, admitió que la necesidad de la participación de la mujer en los cargos públicos, pero en este caso, consideró que no deberá ocupar el puesto solamente por su condición de mujer, sino porque tenga las características necesarias para asumir esta titularidad.
Benavente Rodríguez expuso también que la Comisión de Justicia contempla pedir a la Secretaría de Finanzas un estudio de impacto presupuestal, para definir si es viable o no, avalar la propuesta de dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
“Pareciera que hay ciertos diputados que les gusta tomar la batuta y parecen ajonjolí de todos los moles y están hablando de si es mujer u hombre, no sé si esto se deba a que ya platicó con alguien de Gobierno y ya traen un perfil acordado entre ellos, pero que no se les olvide, no estamos pintados en el Congreso y somos 27 diputados que tenemos que conocer a fondo las propuestas de perfiles” dijo.
Finalmente, comentó que el Poder Legislativo está “a tiempo” en el proceso que marca la ley para el nombramiento del nuevo fiscal Anticorrupción.