Continúa la valoración de observaciones, en la que los entes obligados presentarán pruebas y alegatos a la institución correspondiente
De manera paralela a la aplicación de los procedimientos de auditoría correspondientes a la revisión de las Cuentas Públicas 2021, la Auditoría Superior del Estado continúa atendiendo los plazos relativos a las Cuentas Públicas de ejercicios anteriores.
En el caso de los procedimientos vigentes, posteriores a la entrega de los Informes de auditoría a las Cuentas Públicas 2020, recientemente les fue notificado el Pliego de Observaciones a los ex funcionarios públicos de los entes fiscalizados. Como resultado de ello, continúa la valoración de observaciones, en la que los entes obligados presentarán pruebas y alegatos a la institución correspondiente.
Lo anterior deriva de procedimientos técnicamente establecidos y documentalmente sustentados, de tal modo que si el auditor consideró que las pruebas presentadas solventaron satisfactoriamente la irregularidad, se refleja en los papeles de trabajo y en caso de haber resultado que las pruebas son insuficientes, la observación persiste.
En este procedimiento como en todos los que la ASE lleva a cabo, su actuación está totalmente apegada a las disposiciones legales, de modo que no hay lugar para ningún tipo de violación a los derechos humanos, ni a la garantía de audiencia de las personas involucradas, pues la ley es muy clara al establecer plazos y términos.
En este sentido, la encargada de Despacho del organismo fiscalizador, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, manifestó que las puertas de la ASE permanecen siempre abiertas para los funcionarios y ex funcionarios públicos que tengan procedimientos pendientes en materia de solventación de observaciones o cualquier otro asunto relacionado con la fiscalización, y los invitó a que acudan a la sede del organismo fiscalizador en el momento que así lo deseen, para aclarar dudas que aún puedan tener.
Finalmente, puntualizó que la ASE, en su carácter de organismo técnico del Congreso del Estado para la vigilancia de los recursos públicos, ha ejercido sus atribuciones conforme a derecho con los tres poderes del Estado, 58 ayuntamientos y sus organismos descentralizados, así como, con los organismos autónomos.