En el año 2010 murió por el uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, en los Estados Unidos

El Gobierno de México reconoce la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de llevar a cabo una audiencia con el fin de escuchar argumentos orales, revisar evidencias documentales y testimonios sobre el caso del nacional mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien falleció el 28 de mayo de 2010 durante un altercado con oficiales de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, Estados Unidos.

En la audiencia, realizada de forma virtual, la presentación de argumentos estuvo a cargo de las abogadas Andrea Guerrero, de la organización Alliance San Diego, y Roxanna Altholz, de la Universidad de California en Berkeley. El caso es considerado emblemático porque ilustra el uso excesivo de la fuerza y la carencia de mecanismos para fincar responsabilidades, lo que ha impactado negativamente a personas mexicanas.

Anastasio Hernández fue golpeado y electrocutado por agentes de la Patrulla Fronteriza. El Consulado General de México en San Diego, con apoyo de la Cancillería, ha dado seguimiento puntual al caso, el cual contempló en una primera instancia una demanda civil en contra de las autoridades estadounidenses. Los abogados consultores de esa representación, Eugene Iredale y Adrián Martínez, así como el abogado Guadalupe Valencia, alcanzaron un acuerdo extrajudicial para otorgar a la familia una compensación por un millón de dólares. Diez años después, en julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso para su revisión.

El Gobierno de México se pronuncia a favor del uso de mecanismos regionales creados para analizar casos que contengan potenciales violaciones a derechos humanos y, de ser así, puedan formularse las recomendaciones necesarias a los Estados responsables con miras a restablecer el goce de los derechos, a efecto de que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro, o que, en todo caso, cuando lleguen a ocurrir, se investiguen y se reparen.

El Gobierno de México se opone al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Reitera sus condolencias por la pérdida de la vida de Anastasio Hernández Rojas y refrenda que la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior constituye su más alta prioridad.