#CongresoSLP | La diputada Rosario Sánchez Olivares dijo este tema fue de los que recibió al asumir el cargo y se le dará seguimiento puntual
San Luis Potosí, SLP.- En el seguimiento a la auditoría extraordinaria que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Secretaría de Salud correspondiente al ejercicio fiscal en curso, se integrarán los señalamientos hechos por ciudadanos para que el resultado aclare todas las dudas que han surgido en las últimas semanas sobre el manejo de los recursos públicos.
Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Vigilancia diputada María del Rosario Sánchez Olivares, al señalar que este tema fue de los que recibió al asumir el cargo y se le dará seguimiento puntual, “porque siempre hemos estado a favor de la rendición de cuentas y de la transparencia y de que se sancione a quien sea responsable de irregularidades en el manejo de los recursos públicos”.
La legisladora añadió que el próximo mes se recibirán los informes de las auditorías realizadas a 114 entes auditables, los cuales se analizarán con la Unidad de Evaluación y Control para emitir los dictámenes correspondientes que deberán pasar por el pleno; es la ASE quien determina las sanciones.
Sánchez Olivares añadió que los ciudadanos deben tener la certeza de que los recursos públicos se usan de manera correcta, para eso es la fiscalización y la vigilancia con la que están comprometidos los legisladores y desde la Comisión, se pondrá todo el empeño y responsabilidad para que no quede ninguna duda.
Manifestó que mientras mejor sea el manejo de los recursos públicos mayor será la calidad de vida de los ciudadanos, porque no solamente se trata de que haya un gasto transparente sino que sea eficiente, que se aplique en políticas públicas que beneficien a todos, por eso es muy importante la tarea de fiscalización.
Puntualizó que al interior de la Comisión de Vigilancia se ha tomado el acuerdo de trabajar en favor de la rendición de cuentas, que los entes obligados informen de manera transparente al órgano fiscalizador y que los legisladores tengan elementos para determinar si los informes son procedentes o no, ya que los ciudadanos esperan resultados.