Acusan a las autoridades de simular una Consulta que no es libre, ni previa ni informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Según los quejosos el tiempo de las convocatorias es limitado para llevar a cabo sus asambleas de pueblos y comunidades y el hecho de que la temática es amplia por lo cual en los foros regionales se simula y manipula la información radiofónicamente, pero no hay asambleas.
Las comunidades indígenas no están de acuerdo con las distancia de la sede del de foro de consulta pues no serán en la región indígena, sino en la capital del Estado.
“Al estar limitada la participación de las representaciones legítimas de los Pueblos y comunidades se violentan los derechos de representación, participación y consulta previa, libre e informada”.
El INPI no cuenta con capacidad presupuestal suficiente pues las autoridades convocantes están obligados a proporcionar los medios para garantizar la participación plena de los Pueblos y Comunidades y están ubicando el punto geógrafico en lugar inalcanzable para la capacidad del sujeto de derecho, que somos los Pueblos y las Comunidades.
Esto se traduce en un acto de exclusión y discriminación.
La convocatoria dice que “se elaboró un Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada para este Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que contiene las reglas y principios mínimos que deberán observar las partes durante todo el proceso.”
Lo que sí es obligatorio para la Secretaría de Gobernación y el INPI es ceñirse al principio pro persona para garantizar al máximo -y no al mínimo- los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos y comunidades indígenas del Estado de San Luis Potosí. #RSG
Hay una Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, y que se está omitiendo por las autoridades responsables de esta convocatoria, no asumiendo la protección más amplia a los derechos humanos, individuales y colectivos de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de SLP, a la que están obligados.
1. Que no reconocemos este Foro Regional como válido, ni damos consentimiento alguno a estos actos de simulación.
2. Recurrimos al amparo y la protección de la justicia federal respecto a los citados actos y omisiones reclamados para defender nuestros derechos humanos y colectivos. Así como emprenderesmos todas las acciones legales a nuestro alcance.
3. Nos reservamos el derecho de emprender otras acciones de movilización social que nos permita garantizar nuestros derechos.
4. No renunciamos, ni renunciaremos a nuestros derechos humanos y colectivos.
5. Nos dijeron, no mentir, no robar y no traicionar; nos parece que el INPI con su simulación y falta de honestidad falta al compromiso y la palabra empeñada.