El mandatario de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación hizo llegar al Gobierno del Estado un documento en donde informa la presentación de denuncias penales en contra de la anterior administración por irregularidades en el gasto público, por un monto aproximado de mil 007 millones de pesos.

El gobernador agregó que en el escrito enviado por el máximo organismo fiscalizador, se señalan inconsistencias de casi 750 millones de pesos que no se encuentran justificados en el sector Salud y representan el 70% del monto total observado en los informes de las pasadas cuentas públicas. Coincidió que estas son las consecuencias derivadas de la llamada “herencia maldita” que ha venido denunciando desde que tomó el cargo como gobernador del Estado. “Pasó lo que tenía que pasar”, agregó.

Al respecto, consideró como una incongruencia que mientras la Auditoría Superior de la Federación tenga ya preparadas las denuncias a presentar contra el gobierno pasado, en lo local, el mismo órgano autónomo no haya detectado anomalías importantes, razón por la cual fueron rechazados los reportes finales de las cuentas públicas 2020 del Gobierno estatal y de los municipios por parte del Congreso del Estado.

Sobre que la Federación avance sin obstáculos y hasta los últimos resultados respecto a las denuncias anunciadas, Gallardo Cardona se mostró a favor, pues dijo “es un tema de dar justicia a las y los potosinos, después de que los recursos públicos no se aplicaron correctamente en un rubro tan sensible y urgente de atención como es la salud de las familias”, señaló Gallardo Cardona.

Asimismo, instó a que la nueva titularidad de la Auditoría Superior del Estado haga una renovación en la plantilla de auditores que hacen el trabajo de revisión anual en cada municipio y al interior del Gobierno estatal, pues es ahí donde surgió el problema real de inconsistencias que luego fueron aprobadas por la exauditora.

Ricardo Gallardo Cardona externó que debe haber mayor compromiso y responsabilidad de los funcionarios que integran los organismos fiscalizadores, de manera que no vuelva a ocurrir lo reciente en San Luis Potosí, y que se castiguen intentos del desvío de los recursos económicos que deben ser invertidos en obras y programas benéficos para la ciudadanía.