El juez otorgó a los fiscales la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el riesgo de sustracción de la justicia y obstaculización de la investigación

Rocío López| Corresponsal

San Luis Potosí, SLP.- Un juez de Control vinculó a proceso al alcalde de Matehuala, Iván “N”, por el delito de ejercicio abusivo de la función pública.

Durante la reanudación de la audiencia de vinculación, el juez además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la que permanecerá durante los cuatro meses de la investigación complementaria.

Este viernes venció el plazo de la duplicidad del término constitucional que solicitó la defensa de Iván “N” para presentar pruebas.

Durante la audiencia los abogados defensores explicaron que los cheques emitidos a nombre del alcalde eran endosados por el funcionario, a otra persona para que los cobrara en efectivo y luego ese dinero se regresaba a Tesorería para el pago de nómina de una lista de empleados eventuales y de pensiones alimenticias.

Afirmaron que este procedimiento administrativo se realiza desde pasadas administración por costumbre y que el alcalde no cobró los cheques para beneficiarse.

Los agentes fiscales, exhibieron al juez que el argumento de la defensa sólo abonó a la investigación de la Fiscalía General del Estado y argumentaron que aunque fuera una costumbre eso no lo exime de la responsabilidad que se le imputa al alcalde de Matehuala.

El juez de Control, Javier Pérez Contreras, señaló que la conducta imputable contra Iván “N” es la simulación de un acto para la dispersión de recursos con daño al erario público.

Ante esto, resolvió la situación jurídica del alcalde de Matehuala, Iván “N”, y le dictó auto de vinculación a proceso como coautor por el delito de ejercicio abusivo de la función pública por el que, de resultar culpable, podría alcanzar una pena de prisión de 2 a 12 años.

Iván “N”, permanecerá recluido en el penal de La Pila en calidad de imputado a la espera de que venza el plazo de los cuatro meses de la investigación complementaria establecida por el juez de Control.

El juez concedió la prisión preventiva justificada solicitada por los agentes fiscales, al determinar que sí existe el riesgo de sustracción de la justicia y el de obstaculizar la investigación, pues al llevar su proceso en libertad continuaría en sus funciones de alcalde y se teme que pudiera desaparecer pruebas o intimidar a posibles testigos.