La LXII Legislatura realizó este jueves el periodo extraordinario de sesiones, al que asistió en representación del Gobierno del Estado, el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán y en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), la magistrada María del Rosario Hernández Cruz.

En la sesión extraordinaria el pleno del Congreso del Estado por mayoría se aprobó el Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de la, Comisión Nacional del Agua y de laAuditoria Superior de la Federación, a revisar íntegramente el proyecto de construcción de la presa y acueducto “La Maroma”, así como avances realizados al momento.

La propuesta del Punto de Acuerdo fue presentada por la diputada María del Consuelo Carmona Salas con base a los resultados que se obtuvieron en el foro organizado por el Congreso del Estado el pasado 09 de noviembre del 2018, en Matehuala, con los diferentes actores e instituciones involucrados en el proyecto de la presa y acueducto “La Maroma”, en donde se identificaron presuntas irregularidades que se escucharon durante el foro.

Entre las presuntas irregularidades se mencionaron: El objeto inicial del proyecto cambió con el transcurso del tiempo, la existencia de documentos legales que reflejan derechos a favor de ejidatarios y que no están siendo considerados, las diferencias en los recursos aplicados al proyecto, así como que un acta ejidal fue presuntamente falsificado en las firmas de sus integrantes, entre otras más.

Es por ello que la legisladora propone tomar medidas a fin de que los servidores públicos ejerzan sus funciones y den cumplimiento cabal a su trabajo siempre en beneficio de la sociedad y no que encuentren grandes negocios en la edificación y operación de los proyectos.

En razón de lo anterior, el titular de la Comisión Nacional del Agua así como el titular de la Auditoria Superior de la Federación a través de sus áreas facultadas para tal efecto, deberán revisar íntegramente el proyecto de la presa y acueducto “La Maroma”, así como los avances realizados hasta el momento, con el único fin de verificar que efectivamente no se estén atropellando los derechos de la sociedad y que el bien común sea el que prevalezca.