#SLP | Representantes de las comunidades indígenas reprocharon que la demanda de juicio político  que presentaron en contra de Nava Palacios ya lleva nueve meses en estudio

Viviana Gámez

San Luis Potosí, SLP.-  Representantes de las comunidades indígenas mixteca baja y mazahua de la capital potosina, comerciantes y la abogada Teresa Carrizales  exigieron este lunes a diputadas y diputados locales que den celeridad a las  solicitudes de juicio político que han presentado en  contra del acalde Xavier Nava Palacios.

No obstante, Teresa Carrizales expuso que la reunión de comisiones unidas de Gobernación y Justicia en la que se abordarían estas demandas no puede llevarse a cabo este día ya que señaló que la convocatoria de la misma fue realizada de manera ilegal.

Dijo que desde el mes de abril,  el diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Gobernación,  esta recusado  de cualquier asunto que tenga que ver con la solicitud de juicio político que ella presentó, “porque su suegro es abogado del municipio, porque su suegro fungió como mi primer abogado dentro de este procedimiento” agregó.

“Los diputados se equivocaron al poner todas las partidas juntas y querer votar todo junto, debieron ponerlas por separado porque todos tenemos situaciones diferentes (…) desde el momento que la junta de comisión la firma el diputado Konishi, esta junta de hoy se vuelve ilegal lo que se resuelva ahí” comentó la abogada

Asimismo, mencionó que pidió que  algunos diputados como Martín Juárez Córdova y las diputadas Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Paola Arreola Nieto se excusaran de votar en el análisis del juicio político que ella promovió, por haber conflicto de intereses.

Por su parte, los representantes de las comunidades indígenas reprocharon que la demanda de juicio político  que presentaron en contra de Nava Palacios ya lleva nueve meses en estudio, “sin que las comisiones responsables avancen en su procedencia para que pase el Pleno y éste determine las sanciones que ameriten”

Aseguraron que han acercado al Congreso del Estado las constancias de donde se desprenden las responsabilidades del alcalde, por lo que consideraron que “legalmente es comprobada la materia de la denuncia y se encuentra acreditada y fundada para que se dé una resolución”.

Sin embargo, agregaron que “somos conscientes que vivimos en medio de intereses y complicidades que pretenden eludir los juicios políticos. Sabemos que en el propio Congreso existen personas que anteponen sus intereses personales o de grupo político por encima de la legalidad”.