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Para establecer que las autoridades estatales y municipales puedan tomar en cuenta que para la atracción de inversiones se cumplan con criterios de responsabilidad social, de acuerdo a Normas Oficiales y certificaciones nacionales e internacionales aplicables, el diputado José Antonio Zapata Meraz presentó una iniciativa para reformar la fracción XVI del artículo 2º, de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, del Estado de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos, el legislador manifiesta que la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 2º enumera entre sus objetivos particulares: XVII. Promover la atracción de inversión nacional y extranjera.
A este objetivo se le propone adicionar la posibilidad de las autoridades para tomar en cuenta que las inversiones cumplan con criterios de responsabilidad social, de acuerdo a Normas Oficiales y a certificaciones nacionales e internacionales aplicables. Esto es debido a que San Luis Potosí, a causa de su patrón de desarrollo económico y empresarial, tiende a recibir inversiones nacionales e internacionales.
De hecho, según datos de la Secretaría de Economía, en el segundo trimestre de este año 2020, durante el confinamiento a causa de la pandemia, nuestro estado fue el primer lugar del país en captación de inversión extranjera directa con 608.5 millones de dólares, la mayoría corresponden a préstamos de matrices de empresas a filiales en San Luis Potosí, lo que muestra gran interés por sostener y consolidar las inversiones en la Entidad.
Por tanto, es relevante que las inversiones exteriores que llegan al estado, muestren una orientación favorable a las prácticas de responsabilidad social, ya que las inyecciones de capital para el estado han llegado a ser un elemento fundamental del desarrollo local, generando puestos de trabajo y derrama.
Agrega que desde el punto de vista del desarrollo económico y social, el objetivo no es solamente la creación de empleos por sí mismos, sino que los puestos de trabajo creados sean sostenibles, y garanticen una mejora estable de las condiciones económicas de los habitantes, sin suponer impactos dañinos al medio ambiente ni a la comunidad.
Por ello se busca adicionar un criterio, que se pueda utilizar como herramienta por parte de las autoridades estatales y municipales pertinentes, al momento de realizar acciones concretas para atraer inversiones externas, con el fin último de reforzar el desarrollo económico sustentable.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su análisis.