Por: La Opinión

Ciudad Valles, SLP.- Jorge Terán Juárez, presidente municipal de Valles y Alejandro Ballesteros Corona, líder del Sindicato de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) tienen planeado instaurar otro sindicato en el Ayuntamiento de Ciudad Valles para dejar a personas allegadas a ellos protegidas bajo una base sindical antes de irse de la actual administración, que termina el 30 de septiembre.

Para eso se están ayudando de la exsindicalizada del actual Sindicato del Ayuntamiento, Ninfa González Aréchiga, quien fue dada de baja por la asamblea de la unión de trabajadores que dirige Narcia Pessina Gallegos por deslealtad y por el actual asesor legal del Sindicato de DAPAS, José Matilde Hernández Méndez.

La intención es clara de parte de Ballesteros y de Terán, porque quieren dejar un grupo de personas unidas a un gremio en el Ayuntamiento, debido a que calculan que no podrán negociar ninguna posición de poder dentro del gremio laboral de la DAPAS, con el alcalde electo Adrián Esper Cárdenas, ya que Alejandro Ballesteros apoyó abiertamente a Jorge Terán y, a la postre, el excandidato priista quedó en tercer lugar en la elección de Ayuntamiento y sin posibilidad de cabildear posiciones laborales para la administración que sigue.

Esa es una de las herencias que pretende dejar Alejandro Ballesteros y Jorge Terán en el Ayuntamiento: engrosamiento de la nómina y en consecuencia, más problemas de liquidez para la administración que sigue.

Además de ello, debido al colapso que provocaron en la DAPAS y de lo que ya habló el Consejo Consultivo en una reciente rueda de prensa, lo que están queriendo hacer Terán Juárez y Ballesteros es arreglar todo para que las más de 20 personas que tienen sobresueldo sean liquidadas como trabajadores de base, es decir, que en esas 20 personas podrían irse hasta 5 millones de pesos de puras liquidaciones y, si no es así, el plan es que demanden laboralmente a la DAPAS para que se inicien procesos que podrían resultar igual de costosos.

Un ejemplo de ello fue la liquidación del director de la DAPAS Rural, Marco Ivan Torres Morales, a quien le pagaron todas las prestaciones de un trabajador, pero con un sueldo de alrededor de 30 mil pesos y el dinero que le dieron impidió que hubiera agua en toda la ciudad, durante unos días, porque no podían comprar unas piezas que necesitaban los técnicos para reponer en la bomba de captación. Así de grave es el manejo de los recursos que están haciendo.

Todo eso bajo la mirada de Edgardo González Ordaz, que no es más que un títere muy caro, porque no toma decisiones ni nada, pero recibe un sobresueldo de más de 100 mil pesos por callar y hacer caso.