Se dirigirá a funcionarias y funcionarios rezagados y de nuevo ingreso

La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), preparará el proceso de Certificación de Funcionarios Municipales 2023, como parte de los proyectos principales que desarrollará la dependencia para atender una de las encomiendas del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, con la finalidad de apoyar a los municipios a que estos cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley.

A la fecha y tras dos etapas del proceso de certificación que inició en el 2022, en la entidad se cuenta con 14 alcaldes o alcaldesas certificadas; 52 titulares de Secretarías Generales de Ayuntamiento; 48 tesoreros; 13 oficiales mayores; 50 contralores internos; 33 síndicos; 233 regidores; tres titulares de desarrollo social y 911 servidores públicos. Un total de mil 347 funcionarios certificados.

Los alcaldes o alcaldesas de los municipios de: Alaquines, Armadillo de los Infante, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Rayón, San Vicente, Santa Catarina, Santo Domingo, Tierra Nueva, Vanegas, Villa de la Paz y Xilitla, son los que cumplieron con el proceso de certificación, mientras que los secretarios generales de: Ahualulco, Catorce, San Antonio, Tancanhuitz, Villa de Arriaga, Venado y Zaragoza son los que no han mostrado interés.

Julio Cesar Patiño, titular de la CEFIM, recordó que este nuevo proceso de Certificación es una oportunidad que brinda el Gobierno del cambio, “para cumplir con la Ley y para que tengan las herramientas necesarias en sus cargos; por parte de la CEFIM, tras la inquietud de varios municipios, preparamos esta tercera etapa con una reestructura, necesitamos oír a los municipios sobre sus necesidades por lo que en breve les haremos llegar una encuesta de satisfacción”.

El artículo 107 BIS de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí marca que: Las y los integrantes del Cabildo, así como los servidores públicos municipales que desempeñen cargos de confianza, están obligados a asistir y acreditar los cursos de inducción, capacitación y profesionalización que instrumente e imparta el Ejecutivo del Estado, a fin de que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con las funciones que desempeñan, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, legalidad, imparcialidad, y honradez.