Les entregan artículos de primera necesidad para dignificar las condiciones de vida de las y los menores que actualmente viven con sus madres en reclusorio
Ruth González Silva, presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encabezó la entrega de apoyos asistenciales y el inicio de los trabajos de rehabilitación del Centro de Atención Infantil (CATI) al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) “La Pila”, que contribuirá a dignificar la situación de vida de mujeres privadas de la libertad y favorecerá el desarrollo de sus hijas e hijos en etapa lactante, quienes, al ser de primera infancia requieren estar cerca de su mamá.
Atendiendo lo instruido por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar el bienestar integral de las y los potosinos por igual de todo el Estado, Ruth González presenció el arranque de la rehabilitación del CATI, que –dijo- reforzará sus normas de sanidad y funcionamiento para una atención de calidad a las y los niños, así como a sus respectivas madres.
Destacó la importancia de emprender acciones que velan por el desarrollo físico, mental y emocional de las familias potosinas de forma equitativa, sin importar su condición social; “con la entrega de estos apoyos, se genera un cambio positivo en la calidad de vida de las y los menores de edad quienes tienen todo el derecho a tener una alimentación y estancia digna; y con la entrega de estos apoyos y la remodelación del CATI, será una realidad”, resaltó González Silva.
Así, atendiendo a la petición realizada por las mismas madres internas, el DIF Estatal dotó de diversos insumos de primera necesidad que contribuirán al sano desarrollo de niñas y niños en infancia temprana, donde destacan 12 cunas con sus respectivas colchonetas y ropa de cama; leche en polvo, pañales y otros productos de uso diario como biberones, toallas húmedas, entre otros.
Con estos apoyos, el DIF Estatal responde al llamado de apoyo de mujeres potosinas y da cumplimiento a la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo, de mejorar las condiciones humanas, alimentarias y sociales de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios que antes estuvieron en el olvido.