#CongresoSLP | Siguen abiertos 2400 expedientes desde el 2006
San Luis Potosí.- Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, sostuvieron una reunión con la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rocío Cervantes Salgado para revisar los avances en materia de abatimiento del rezago en materia de auditoría gubernamental.
El diputado José Antonio Zapata Meráz, presidente de esta comisión indicó que de acuerdo a la información proporcionada por la Auditora, el rezago en materia de terminación de responsabilidades administrativas suma cerca de 2 mil 400 expedientes, derivados de cuentas públicas que datan de 2006 a la fecha, los cuales, serán revisados puntualmente para analizados para conocer su estatus legal.
“Vamos a revisar este tema de cuántos de esos 2 mil 400 expedientes, ya prescribieron, cuáles hay que darles atención inmediata, para la responsabilidad de estos servidores públicos y también determinar la responsabilidad de los que estuvieron obligados en su momento a determinar la sanción respectiva de estos expedientes que no se atendieron y que pudieran estar ya prescrito, del responsable de ejercer de acción para fincar la causas”.
Explicó que esta determinación de responsabilidades representa el cierre del proceso de auditoría, y que dicho rezago se viene arrastrando como parte de los asuntos pendientes que se generaron antes de que la actual auditora ocupara el cargo.
Añadió que esta es una situación que se debe desahogar a la brevedad, por lo cual la Comisión de Vigilancia, en conjunto con la ASE realizarán un ejercicio para determinar las acciones a seguir en una próxima reunión de la Comisión de Vigilancia.
“Esperamos que se pueda atender con prontitud y cerrar el círculo de revisión de las cuentas de los entes auditables determinando alguna responsabilidad, nosotros como Comisión de Vigilancia vamos a estar vigilantes de que esto, el transcurso del proceso de revisión o de terminación de responsabilidades se lleve a cabo”.
Indicó que además, se tomó el acuerdo de realizar una revisión conjunta con la ASE, a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, en relación a los procedimientos de sanción, a fin de hacer más clara su aplicación.