La víctima había recibido llamadas de extorsión de dos personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal y quienes le exigían la cantidad de 150 mil pesos
San Luis Potosí, SLP.- Dos sujetos acusados de extorsionar a un ciudadano, fueron vinculados a proceso luego de que litigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) demostraron su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, en un hecho ocurrido en la delegación de Villa de Pozos, en la ciudad capital.
Fue el pasado 21 de febrero de 2019 cuando el afectado realizó un reporte donde aseguraba que horas antes, había recibido llamadas de extorsión de dos personas que se identificaron como integrantes de un grupo criminal y quienes le exigían la cantidad de 150 mil pesos para no atentar contra su integridad y la de su familia.
El hombre les informó a los elementos que se trasladaría a una estación de servicio ubicada en la delegación de Villa de Pozos, en donde fue citado por los presuntos extorsionadores, a quienes les haría entrega de una parte del dinero que le solicitaron, para evitar que les hicieran daño.
Los elementos se presentaron en el sitio y localizaron a dos personas del sexo masculino, quienes mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de la Policía Investigadora, por lo que al solicitarles una revisión en su persona, les fue encontrado el dinero entregado por la victima minutos antes, quien los identificó plenamente.
De esta forma los dos sujetos fueron detenidos y al llevarlos ante el Juez de Control, este calificó de legal la detención y posteriormente, la Fiscalía logró aportar los elementos necesarios y obtuvo vincular a proceso a Diego Alberto “N”, de 22 años de edad y Martín “N”, de 33 años de edad.
En la audiencia inicial, el Juez consideró que los imputados tendrán que acatar las siguientes medidas cautelares: presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
Para el cierre de las investigaciones complementarias, el juez dictó un plazo de tres meses.