El imputado ofreció más de 10 mil pesos a elementos de la SSPC para evadir la justicia

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Fernando “N”, imputado por haber ofrecido dinero a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del municipio de San Luis Potosí.

De acuerdo a la denuncia presentada por los servidores públicos, lo anterior ocurrió el 29 de enero de 2024, cuando el señalado conducía de manera temeraria su vehículo marca Honda sobre el Boulevard Rocha Cordero, próximo a Prolongación Coronel Romero.

Los elementos señalaron que atendieron el reporte, dando alcance a la unidad en cuestión y, de acuerdo con los protocolos, le solicitaron detenerse. Después durante la inspección, encontraron al imputado en posesión de un arma de fuego, por lo cual se le informó que sería detenido por el probable delito de portación ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, al abordar la unidad policial, Fernando “N” ofreció a uno de los elementos la cantidad de 10 mil pesos y que se quedara con el arma, externándole también que lo llevara a su domicilio si quería 5 mil pesos adicionales para que lo dejara en libertad y omitieran ponerlo a disposición de la autoridad competente.

No obstante, los elementos rechazaron la solicitud y procedieron a ponerlo a disposición del juez federal, autoridad que posteriormente dio vista a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para la apertura e integración de la carpeta de investigación por el delito de cohecho.

En la audiencia respectiva, el agente del Ministerio Público formuló la imputación por el delito mencionado y el Juez consideró suficientes los datos de prueba para dictar la vinculación a proceso, sin embargo, la defensa planteó una suspensión condicional del proceso de 6 meses, la cual fue concedida.

De este modo, el imputado continuará su proceso en libertad, sujeto a determinadas medidas cautelares, tras efectuar el pago por reparación del daño y la sanción pecuniaria correspondiente al Estado.