#ECOLOGÍA| El derecho ambiental debe proteger la vida y la salud de todos los seres vivos y trascender la visión antropocentrista que lo ha caracterizado

México.- El derecho ambiental debe poner al centro la vida, tanto de animales como vegetales, entre ellos el ser humano y privilegiar los derechos humanos a la salud, a la cultura coincidieron expertos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante la charla “Retos del marco jurídico ambiental en México”, organizada por la Semarnat como parte de los Diálogos Ambientales, los especialistas se pronunciaron por una política ambiental participativa, en la que los ciudadanos puedan alzar la voz, ejercer su voz, voto y acceder a la información disponible en la materia.

El titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, Rodolfo Godínez Rosales, explicó el derecho ambiental debe proteger la vida y la salud de todos los seres vivos y trascender la visión antropocentrista que lo ha caracterizado.

En ese sentido, dijo que al hablar de presupuesto para proteger el medio ambiente hablamos de recursos para proteger la vida, lo que lleva a un vínculo con los derechos humanos, diferente a la visión administrativista que permeó anteriormente para sólo gestionar permisos o licencias.

El titular de la UCAI afirmó que ya no podemos hacer las cosas como antes, pues la pandemia es apenas la punta del iceberg de la crisis económica que viene y solo un pedazo muy pequeño de la crisis ambiental, pues de lo contrario “simplemente no tendremos ni civilización humana, ni protección de la vida; nada”

Para ello, consideró necesario incorporar plenamente los tratados ambientales a fin de que México sea parte de ellos de manera consistente, continua, sólida, robusta y sinérgica con medidas para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

Al respecto, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo Segura, afirmó que México tiene hoy con el Acuerdo de Escazú, la gran oportunidad de redirigir la política ambiental para lograr una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y acceso a una justicia ambiental.

Luego de hacer un recorrido histórico por el derecho ambiental y explicar los retos, aseveró que el derecho ambiental necesita un mayor acceso a la información y transparencia en la toma de decisiones, en este sentido, indicó, la Semarnat tiene el reto de revertir las políticas de los gobiernos pasados en los que se dedicó a entregar los recursos naturales en lugar de cuidarlos.

Para ello, precisó, la dependencia ha iniciado un proceso de revisión de los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en breve continuarán con el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental y el de aguas nacionales a fin de lograr una mayor participación de los ciudadanos.

A su vez, el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Judiciales de Semarnat, Guadalupe Espinoza Sauceda, advirtió que el reto de la Secretaría es dejar de ser una simple agencia de trámites para cumplir con su papel regulador que asegure una gobernanza en el sector, lo que implica trabajar para lograr un marco jurídico robusto que garantice el derecho humano a un ambiente sano, contenido en el Artículo 4º constitucional.

El especilistas recordó que al iniciar la actual administración había, al menos 560 conflictos socioambientales, que ponían en peligro la gobernabilidad, por lo que la dependencia pasó de tres a dos subsecretarías a fin de darles salida y se encuentra revisando al menos 15 reglamentos en la materia.

A la par, destacó la necesidad de trascender la visión reduccionista de la protección ambiental e integrar a los pueblos indígenas y originarios, que por años han sido los guardianes del territorio, y actualmente poseen el 51 por ciento de la superficie del país, a través de 32 mil núcleos agrarios y ejidos, sin mencionar a las comunidades indígenas como los wixarikas, coras, mayos, yaquis y rarámuris, entre otros.

Subrayó la importancia de trascender la visión de los derechos individuales para trabajar ahora con una perspectiva de los derechos colectivos, que sobrepone a la naturaleza ante los intereses económicos que la explotan.

Por su parte, la titular de la Profepa, Alicia Mendoza Vera, reveló que en materia de procuración de justicia hay un rezago importante de asuntos que no se atendieron y se han ido acumulando desde hace más de 30 años.

Entre ellos, destacó, la existencia de más de cien pasivos ambientales en todo el país, zonas forestales en estado crítico en 28 entidades y afectaciones significativas a la fauna, como es el caso de la vaquita marina y la totoaba, en el Alto Golfo de California.

Afirmó que el objetivo de la gobernanza ambiental es promover y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y es el Estado el que tiene esta encomienda, pero advirtió que el daño y deterioro ambiental debe generar responsabilidad en términos legales a quien lo produce y genera ganancias con ello, pues hasta ahora habían sido los contribuyentes quienes asumían esta responsabilidad.

Mendoza Vera reiteró la necesidad de garantizar el acceso a la justicia ambiental y a reflexionar sobre el entorno, de lo contrario se seguirán sumando delitos ambientales, los cuales se han incrementado también durante la pandemia por COVID-19.

La Procuradora reiteró el compromiso de la Profepa para seguir trabajando y consideró que se deben ejercer políticas en las que prevalezca la comunicación real y efectiva, que haya un diálogo abierto y de debate en el que se llegue a conclusiones, ya que estas son las herramientas para garantizar la seguridad ambiental en nuestro país.