A un mes del conflicto que mantiene en vilo a la sociedad colombiana, derivado de un plan de reforma tributaria que intentó implementar el gobierno y luego la retiró, la resolución de la crisis aún es incierta e incluso podría prolongarse, coincidieron académicos de la UNAM, en conferencia de medios a distancia.
Para Nathaly Burbano Muñoz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), quien se encuentra en esa nación, se trata de un conflicto que se fragua desde el año 2000, con un déficit presupuestal de 20 billones de pesos anuales, “en un país centralista, gobernado por élites oligárquicas y terratenientes”.
Por ello, subrayó, no se trata de decisiones coyunturales, son motivos estructurales, así como de un proceso de decisiones improvisadas por parte de “un gobierno desconectado frente a la realidad de la población”.
“Además con un manejo represivo de la crisis, con miles y miles de casos de abuso de autoridad, más de 40 víctimas fatales, violencia sexual contra mujeres y un complejo daño a la infraestructura que generan márgenes de pobreza y precarización que ya se sienten en la vida cotidiana”, indicó.
La también académica de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia manifestó que pretender resolver este conflicto en unas semanas o un año puede generar percepciones inadecuadas de la conflictividad, y también tendría impacto en la movilización, por lo cual deben tomarse en cuenta escenarios en corto, mediano y largo plazos.
“A corto plazo, que concluyan primero los bloqueos y que haya un pronunciamiento al diálogo genuino del gobierno colombiano; a mediano deben generarse condiciones que sean constatables hacia el acceso a servicios de educación y salud, esto habla de un escenario complejo y estructural que no será resuelto en un mes”, precisó Burbano Muñoz.
Control y represión
Fernando Neira Orjuela, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), de la UNAM, aseguró que no puede entenderse esta crisis sin tomar en cuenta los procesos de violencia gestados a partir de principios del siglo XX, en los años 40, donde hubo un “aniquilamiento de los sectores liberales”.
“Como las élites controlan el poder en Colombia, el Estado se niega a ser participativo y democrático. Es lo que lleva a que la gente no aguante más”, subrayó.
Existe, dijo, colusión con actores ilegales, saqueos y la corrupción que fomentan los partidos, además de la agresión a sectores opositores que terminan en aniquilamiento físico y material en un proceso genocida como modus operandi de un Estado represivo y agresor, acostumbrado a enfrentarse a la guerrilla y al narcotráfico, y no a manifestaciones públicas.
Por lo anterior, restablecer el tejido social llevará tiempo, lo que implica voluntad de cambio, reestructurar el Estado y generar un nuevo andamio de carácter jurídico-político. “Lo que está en juego es cambiar el modelo hacia una democracia participativa, luchar por garantizar esto para las nuevas generaciones, por eso el diálogo es fundamental”, acotó Neira Orjuela.
Violencia
En su oportunidad, Silvia Soriano Hernández, también investigadora del CIALC, expuso que la inestabilidad e indignación crecen debido al descontento de décadas y un acumulado de frustraciones.
“El impacto de la violencia es difícil de medir en una sociedad violentada por largos años, donde la constante es el asesinato de líderes sociales y la violencia contra defensores de derechos humanos; en resumen, es un país que demanda una democracia”, enfatizó.
La clase media, continuó, sentía los estragos provocados por la emergencia sanitaria, y al hacerse públicas las medidas tributarias gubernamentales se agudizó la indignación. “Ahora el pueblo ha permanecido en las calles, con la consigna de que el gobierno es más peligroso que el virus, incluso las madres se han colocado en la primera línea, después de ver cómo asesinan a los jóvenes”.
El gobierno seguirá apostando por la represión, por ello la condena internacional juega un papel importante, concluyó Soriano Hernández.