Diputados presentaron iniciativas entre las que destacan que cualquier persona pueda presentar denuncias en materia de delitos del medio ambiente
Los diputados Eloy Franklin Sarabia, Lidia Nallely Vargas Hernández y Juan Francisco Aguilar Hernández, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental y al Código Penal del Estado para que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) considere como prioridad para el otorgamiento de estímulos fiscales la producción, promoción, entrega y utilización de bolsas y envases de plástico biodegradables.
Se propone también que los municipios, con la participación de Gobierno del Estado, impulsen programas de concientización y organización ciudadana vecinal para promover la cultura, educación y capacitación ambientales, para la eliminación de envases, cucharas, cuchillos, tenedores, popotes y desechables todos de plástico, así como desechables de unicel.
La reforma al Código Penal es para que cualquier persona y autoridad puedan presentar denuncias o querellas en materia de delitos del medio ambiente, puesto que actualmente solamente lo puede hacer la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
Los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, señalaron que la anterior Comisión dejó una serie de iniciativas con proyecto de dictamen e inclusive en algunos casos el resolutivo firmado por las y los diputados que integraron dicho órgano de dictamen permanente, pero las mismas tenían ya más de un año, de manera que eran susceptibles de promover su caducidad.
Se establece que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, proporcionará a la Fiscalía General del Estado o a la autoridad judicial los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten. En materia del Código Penal del Estado, se propone modificar los artículos 305 y 310, para que cualquier persona o autoridad pueda presentas denuncias o querellas en el caso de delitos ambientales.
La SEGAM proporcionará en la materia de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten la Fiscalía General del Estado o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias o querellas presentadas por la comisión de delitos en contra del medio ambiente.
La iniciativa se analiza en comisiones para emitir el dictamen correspondiente que será puesto a consideración del pleno.