La legisladora Gabriela Martínez Lárraga señaló que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad del Estado

La diputada Gabriela Martínez Lárraga presentó una iniciativa de Acuerdo Económico para la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas en el Congreso de San Luis Potosí.

Se plantea que esta Comisión Especial tenga las funciones de: recepción de quejas y denuncias de personas periodistas; recepción de iniciativas, puntos de acuerdo, u otras iniciativas a partir de las facultades de esta Soberanía; contrapeso político para la atención de violaciones a derechos humanos de quienes se dedican al periodismo; y las demás que se desprendan de otros ordenamientos legales.

En su exposición de motivos, la diputada señala que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser protegido con especial responsabilidad del Estado y que aunque existe un Sistema Estatal de Protección, se considera que debe legislarse sobre la creación de una Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Agrega que la labor que realizan los medios de comunicación es vital para el fortalecimiento democrático, por lo cual, ante el patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra mujeres y hombres periodistas, se necesita la representación y un contrapeso político en el amparo y protección se su labor periodística, por  cual es que se propone crear la Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Señala que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos; como así se afirma en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, la obligación de respeto, contenida en la Convención, se traduce principalmente en obligaciones negativas o de no hacer, tales como no obstaculizar, interferir o impedir el goce de los derechos humanos; es decir, conlleva una abstención del Estado.

Manifiesta que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la obligación adicional de “adoptar medidas” que pueden ser de carácter legislativo, o de cualquier otro que fuere necesario para hacer efectivos los derechos y libertades allí reconocidas. Asimismo, las obligaciones estatales dispuestas en la Constitución se complementan con aquellas derivadas de las fuentes internacionales.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación.