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Proponen castigo más duro a al delito de robo a casa-habitación

El diputado René Oyarvide Ibarra señala que esta es una de las conductas delictivas que no se han podido erradicar

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El diputado René Oyarvide Ibarra propuso iniciativa para reformar el artículo 218 en su párrafo penúltimo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de incrementar las penas por el delito de robo a casa-habitación.

De esta manera, se propone establecer que independientemente del monto de lo robado, se impondrá una pena de 8 a 14 años de prisión y sanción pecuniaria de ochocientos a mil cuatrocientos días del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

En su exposición de motivos, el diputado señala que una de las conductas delictivas que no se han podido erradicar en nuestro Estado de San Luis Potosí, es el robo a casa habitación, ilícito que hoy por hoy sigue en crecimiento sobre todo en zonas populares, donde hay reclamo social de los ciudadanos que viven en esas áreas al Estado para que se combata este tipo de delincuencia, que les genera miedo e inseguridad en sus hogares.

Señala que según datos del INEGI, San Luis Potosí está entre los 12 estados con más inseguridad por incidencia en robo, donde el realizado a casa habitación es el de mayor porcentaje con un 90.6.

También se indica que según datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema de Seguridad Pública, en San Luis Potosí se han registrado 701 robos a casa habitación de enero a octubre del 2021, con un aumento considerable en los últimos meses.

Es por ello, indica, que se estima que este ilícito debe de tener un aumento en la pena, con independencia del monto de lo robado, si se entiende que con este tipo de conductas, el activo no solo se apodera de un bien o bienes inmuebles, sino que también violenta el domicilio de las personas, y pone en riesgo su seguridad e integridad.

Oyarvide Ibarra señala que se busca evitar que se sigan perpetrando estos delitos a futuro, ya que se afecta tanto patrimonial como económicamente a las familias potosinas, y también se genera incertidumbre sobre el propio domicilio al poner en riesgo la integridad de sus habitantes.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia.

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